España tiene que adoptar el próximo 25 de mayo una nueva normativa de protección de datos que la Unión Europa aprobó en 2016. En concreto, el Reglamento (UE) 2016/679, que permite a los estados miembros adaptar y desarrollar algunos aspectos del mismo en la legislación nacional. Por ello, en la actualidad el Congreso de los Diputados está tramitando un proyecto de ley que modifica la legislación vigente de protección de datos en vigor. Pues bien, esto que parece que va a pillar de sorpresa a seis de cada diez empresas en la UE, ha desatado primero la inquietud y más tarde la incertidumbre en el ámbito biomédico. "Es complicado pedir un consentimiento específico para cada paso que damos. No es viable. Hasta ahora los datos que utilizamos para el ámbito de la investigación cuentan con su consentimiento y están bien protegidos", subraya Jordi Sierra, presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH).

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